Despidos en el Estado: los contratos que fueron renovados tienen una fecha tope de tres meses y seguirán bajo análisis
La medida tiene fecha del 28 de marzo y estableció una serie de disposiciones. El texto se conoció en medio de la tensión con los sindicatos que rechazan los despidos.
Los contratos de los empleados del Estado fueron renovados sólo por tres meses, plazo a partir del cual se determinará si continúan renovándose o si se darán de baja los que el Gobierno considere que son innecesarios. Así se desprende del decreto 286 que con fecha 28 de marzo y con la firma del presidente Javier Milei y la del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, se conoció hoy y se prevé publicar en el Boletín Oficial.
“Establécese que las contrataciones de personal destinado a la prestación de servicios en cumplimiento del artículo 9° de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, del Decreto N° 1109 del 28 de diciembre de 2017, y de otra forma de contratación, que hayan sido debidamente renovadas de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2°, 3° y 4° del Decreto N° 84 del 23 de diciembre de 2023, podrán ser renovadas hasta el 30 de junio de 2024″, señala el artículo 1 de ese decreto.
Esta decisión se conoce luego de que, antes del fin de semana extra largo por los feriados de Semana Santa y del 2 de abril, en los últimos días llegarán desde distintas reparticiones que dependen del Estado nacional numerosos telegramas a los empleados en los que constaba que prescindían de sus servicios.
Entre esas dependencias figuraron, por ejemplo, la ANSES, el Servicio Meteorológico Nacional, Parques Nacionales, los ministerios de Economía y de Trabajo, la secretaría de Derechos Humanos, el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), el Instituto Nacional del Cine y las Artes Visuales (INCAA), el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) o el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD), entre otros.
Según denunció el gremio de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) el ajuste afectará a partir del 31 de marzo a más de 10 mil trabajadores que en su mayoría se agrupan en lo que se denomina planta transitoria o con contratos bajo otra modalidad que es la de asistencia técnica profesional.
El miércoles, en la conferencia de prensa que ofrece a diario, el vocero presidencial Manuel Adorni había mencionado por error que la revisión se iba a efectuar cada 6 meses pero luego aclaró que será por trimestre como ahora especifica el decreto.
Adorni admitió que de los contratos que se están analizando durante esta gestión “el universo completo es de algo más de 70 mil” pero que todavía “no está el número finito. Estará el número organismo por organismo la semana que viene”. Si confirmó que en esta etapa se darían por caídos “alrededor de 15 mil”.
El funcionario aclaró que “no incluyen bajas de PAMI ni en empresas públicas, es un número no consolidado” y dijo que se trata de un proceso “extremadamente quirúrgico, para que se pueda depurar la planta pública”.
Frente a esta situación la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), mediante un comunicado enviado a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ratificó que el próximo 3 de abril realizará una jornada de lucha nacional, con paros y asambleas en distintas provincias. A su vez, y en el marco del conflicto por los despidos en diferentes organismos públicos, amenazó con tomas e ingresos forzosos en distintos ministerios.
A pesar del feriado del Viernes Santo los abogados de ATE de las distintas seccionales se reunieron hoy de modo virtual con el objetivo de “enfrentar los despidos y en el plano jurídico decidió establecer una coordinación para unificar criterios y brindar soporte legal en todo el territorio nacional”.
En el Gobierno, en tanto, se está evaluando cómo reaccionar ante la protesta que prometen implementar los sindicatos, con ingresos masivos a los edificios públicos incluidos. No sólo preocupa la conflictividad de las protestas sino los efectos que podría ocasionar en la atención al público y la administración. Citan el caso de la ANSES como uno de los más emblemáticos, donde se hacen trámites relacionados con jubilaciones, pensiones o asignaciones familiares. Numerosas oficinas en todo el país cerrarán sus puertas debido a la falta de personal. De acuerdo a los gremios el recorte supera los 1.200 trabajadores en ese organismo.
Desde la Jefatura de Gabinete al mando de Posse se encaró desde diciembre, en los primeros días de la gestión Milei, una auditoría para revisar el estado de las cuentas públicas en cada repartición. La reducción de personal también se incluyó en la lista de ítems, como un modo de achicar gastos.
A los pocos días de asumir el Ejecutivo había decidido la baja de todos los contratos que se habían dado de alta en el Estado en 2023.
Fuente: Infobae
