Algo se rompió

Por Carlos Heller* El presidente Javier Milei, según estaba anunciado al cierre de esta columna, tenía previsto presidir el sábado 1 de marzo la Asamblea Legislativa hablando ante los diputados y senadores nacionales.

Mediante un comunicado difundido el jueves por la noche, el Bloque de Diputados y Diputadas de Unión por la Patria adelantó su decisión de no concurrir al acto inaugural de las sesiones ordinarias 2025. Lo mismo informó el Bloque de Senadores de la principal bancada opositora. Otras fuerzas con representación parlamentaria tomaban la misma decisión o evaluaban la posibilidad de enviar delegaciones mínimas.

¿Por qué ocurre esto? Porque la apertura de las sesiones ordinarias se produce en un contexto en el cual una serie de hechos venían generando un profundo malestar en diversos sectores de nuestra sociedad.

En el comunicado titulado “Sobran los motivos”, el Bloque de Diputados de Unión por la Patria expone las razones por las que decidió no concurrir al recinto: “la criptoestafa de Milei”; la designación de “jueces de la Corte por decreto y sin acuerdo del Senado”; el no tratamiento de la Ley de Presupuesto “por segundo año consecutivo”; “el desfinanciamiento de las provincias argentinas; las facultades delegadas y el DNU 70 vigente; el ajuste a las jubilaciones y los adultos mayores sin medicamentos; los recortes brutales en educación, salud y discapacidad; el cierre de industrias y pymes; el incumplimiento en el financiamiento de la ciencia y tecnología; una agenda alejada (y perjudicial) para el pueblo y un gobierno cada vez más autoritario y violento”.

El nombramiento de dos jueces en la Corte por decreto, en comisión e interinamente, a tres días del inicio del nuevo periodo legislativo, es claramente una nueva actitud de desprecio al Parlamento. No hay ninguna razón seria que explique el apuro de esa decisión. Sólo debían esperar tres días para llevar adelante los nombramientos con intervención del Senado.

Por supuesto, en un escenario crítico para el Gobierno por las repercusiones a nivel nacional e internacional del escándalo de la criptomoneda, el decreto de nombramiento de los jueces puede haber sido una maniobra distractiva para intentar cambiar la agenda política. Es decir: sacar del foco de atención pública un tema complejo y negativo para el oficialismo con otro con similar capacidad de repercusión. Un clavo sacando a otro clavo.

Para llevar adelante los nombramientos utilizaron un artículo de la Constitución que dice que el Presidente “puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.

En todos los casos, las designaciones deben ser aprobadas por el Congreso y ello no es una cuestión burocrática: está vinculada a la división de poderes y por lo tanto al sistema republicano de gobierno. Según lo determina la Constitución, el Ejecutivo tiene la potestad de proponer y el Senado es quien efectiviza los nombramientos de esos nuevos integrantes propuestos para el Poder Judicial.

El gobierno asegura que insistirá con el tratamiento de los pliegos de los candidatos para lograr el acuerdo del Senado. Si el oficialismo consiguiera los dos tercios de los presentes y el pliego se aprobara, los jueces nombrados por el Ejecutivo alcanzarían estabilidad. Si, en cambio, se los rechazara, la Constitución no indica qué hacer, pero estaríamos claramente en una situación de pérdida de legitimidad de los jueces nombrados por decreto.

Mientras, el gobierno de Milei ratifica cada vez que puede su alineamiento incondicional con la administración Trump. Si bien primero respaldó a Volodímir Zelenski, recientemente se abstuvo de condenar a Rusia por la invasión a Ucrania (en la votación en la ONU). Ello sucedió luego de que la política exterior norteamericana le soltara la mano al presidente ucraniano, quien además fue expuesto esta semana a una reprimenda humillante de Trump, delante de la prensa y difundida a escala global. Milei estuvo primero totalmente alineado con Zelenski, pasó luego a la neutralidad y veremos qué sucede tras este endurecimiento de la posición de los EEUU.

La actual gestión tiene un guión en la batalla cultural: la Argentina es exitosa en la medida que más se mimetiza con “el gran país del Norte”. En ese marco se inscribe la búsqueda de un nuevo acuerdo con el FMI. La administración libertaria también tiene un estilo: el descripto en el libro “Los ingenieros del caos”, de Giuliano Da Empoli, que consiste en buscar que se hable de ella todo el tiempo, aunque se hable mal. De lo que se trata es de ocupar permanentemente el centro de la escena. Nos queda a nosotros instalar y discutir los temas de fondo: salarios, consumo, producción, obra pública, salud, educación, ciencia y tecnología, sólo por mencionar algunos ejemplos.

Según el INDEC, los salarios reales del sector privado registrado bajaron un 6,1% en el año 2024. En tanto, en el sector público descendieron 20,4%. Por otro lado, Milei asegura que los salarios reales se triplicaron en dólares. De acuerdo con el mismo organismo hubo una caída real del 11% en las ventas en supermercados acumuladas durante el año pasado.

Las cuatro M –Martínez de Hoz, Menem, Macri y Milei– tienen en común muchas cosas: entre ellas, una cruzada en contra del Estado y en favor de las desregulaciones. Y no se trata de un fenómeno local: es una ofensiva global. Pero el escándalo de la criptomoneda $Libra marcó un antes y un después. Probablemente sea un punto de inflexión: hay algo que se rompió y que difícilmente se puede recuperar.

El viernes el Presidente de la Nación instó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a renunciar a su cargo como paso previo a la intervención de la provincia. En un comunicado del Partido Solidario sostuvimos que la postura de Milei “es grave pero además es increíble: se trata de un jefe de Estado que le pide a un gobernador que se encuentra en pleno ejercicio de sus funciones que abandone el lugar al que llegó por el voto mayoritario. El Presidente no sólo desconoce la soberanía popular, sino que, en una negación de toda lógica democrática, se coloca él por encima de las decisiones del pueblo de la provincia de Buenos Aires. La amenaza de intervención de la provincia, además de inconstitucional, desconoce los principios básicos del federalismo sobre el cual funciona la institucionalidad de nuestro país”.

Una desmesura más en un país que requiere de modo urgente de un proyecto serio, consistente, inclusivo y democrático.

*Diputado nacional Unión por la Patria y Presidente del Partido Solidario

Fuente: Página 12

Editor: EM