Wenance: el fiscal pide iniciar el juicio oral

En cuatro meses, el fiscal bonaerense Alejandro Guevara completó la investigación preliminar. La causa nacional es anterior pero sigue frenada.

El financista Alejandro Muszak, titular de la fintech Wenance, y los señalados como sus principales cómplices en la quiebra fraudulenta de la empresa, alojados desde hace una semana en el penal de Magdalena, podrían enfrentar pronto un juicio oral en San Isidro, a pesar de la denuncia que apuntan a los incesantes intentos de la jueza Paula Verónica González, subrogante en el juzgado penal 43 nacional, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por dormir la causa.

El fiscal de San Isidro Alejandro Guevara, que lleva la causa Wenance, por la que  Muszak se encuentra detenido desde mediados de abril pasado, rechazó el pedido de la jueza González, de que el expediente fuera derivado a su juzgado, en tanto fuero de atracción, porque completó la investigación preliminar y solicitó que se eleve a juicio. Ahora, la cuestión de la competencia entre ambos, deberá ser resuelta por la jueza de San Isidro, Andrea Rodríguez Mentasty.

El escrito de Guevara fue celebrado por los querellantes y sus abogados, entre ellos gente que invirtió y perdió indemnizaciones por despido y ahorros acumulados a lo largo de años, porque consideran que la jueza González es absolutamente parcial y permeable a los deseos de Muszak.

Entre otras cosas, porque la mencionada magistrada le otorgó enseguida la eximición de prisión, porque no le congeló las cuentas bancarias y porque nunca mandó a peritar los dispositivos electrónicos que, supuestamente, se extraviaron en el depósito policial, en el que fueron dejados hace casi un año, y rechazó sistemáticamente todos los pedidos de prueba, tanto de la querella como de la fiscal interviniente, Mónica Cuñarro, de la fiscalía nacional número 16.

«Adelanto desde ya, que el pedido de inhibitoria incoado por la magistrada de la Justicia Nacional, por los motivos de hecho y derecho que pasara a exponer, entiendo no puede prosperar, y V.S. por ello debe rechazarla», comienza el mencionado escrito.

Entre sus principales argumentos, Guevara enumera que el daño a los ahorristas fue producido en San Isidro, y por tanto debe respetarse el principio del «juez natural», que la defensa de Muszak no solicitó una sola medida de prueba y que su actuación, a pesar de haber comenzado varios meses más tarde, está mucho más avanzada, una manera elegante o amable de exponer su inacción.

Guevara explica que, en el sistema judicial bonaerense, a diferencia de la instrucción en la justicia nacional, la investigación penal preparatoria (IPP), «consiste en la colecta de pruebas que permitan continuar rápidamente el paso del proceso hacia el juicio oral, donde sí se producirá la confrontación de las partes y la utilización de las pruebas de las que intentan valerse donde sí se procurará llegar a la verdad objetiva y esclarecimiento del hecho; la IPP. sólo es la recolección de elementos mínimos que permitan sostener el estado de sospecha inicial, situación que en autos se encuentra harto cumplido». 

En simultáneo, el fiscal Pablo Recchini, a cargo de la fiscalía nacional número 1 le devolvió a González la denuncia que ella misma inició por el supuesto extravío de la notebook y los dos iphones de Muszak.

El argumento de Recchini es que González debió investigar mínimamente el hecho antes de iniciar una nueva demanda en otro juzgado, y que esa decisión genera “un dispendio jurisdiccional inútil y dificulta que finalmente pueda arribarse a la verdad material de los sucesos investigados en el expediente en el que se originaran, de un modo más eficaz, dado que es aquel tribunal, con la fiscalía interviniente, el que conoce con profundidad el caso y de qué modo impacta la evidencia faltante”. 

A diferencia de lo ocurrido con los dispositivos de Muszak incautados el año pasado, sí pudieron peritarse los de sus supuestos cómplices, en el marco d ela causa de San Isidro. Allí se encontró documentación que confirma la relación entre Wenance, Abuntia, Be Capital y Créditos Al Río, como distintas marcas de un mismo grupo, lo que agrava la situación de los detenidos.

Operatoria

Wenance prestaba dinero por internet a sectores no bancarizados con altas tasas de interés. “Les damos la oportunidad a esos sectores de regresar al sistema, de reconstruir su scoring, y eso obviamente tiene un precio”, decía Muszak en 2017 y 2018, cuando explicaba su negocio en foros sectoriales.

En julio de 2023, abrió un nuevo frente de conflicto con los inversores que colocaban su dinero para que Wenance lo prestara, en un caso evidente de intermediación financiera sin licencia del BCRA. En julio, el financista alegó un “aumento de la mora por la crisis económica” y entró en cesación de pagos, aunque en el expediente hay elementos suficientes para acreditar una quiebra fraudulenta.

Las operaciones de Abuntia comenzaron en 2021 y crecieron durante 2022. La explicación era sencilla: Muszak les ofrecía a sus inversores de Wenance “una plaza más segura y estable que la Argentina”. Muchos compraron el argumento.

Cuando el financista decidió dejar de cumplir sus compromisos con inversores, proveedores y empleados, también lo hizo con los “españoles”, que eran en realidad argentinos, muchos de ellos residentes fuera del país. En agosto del año pasado, Abuntia anunció a sus inversores el inicio de un proceso de auditoría externa, paso previo para elaborar un plan de reestructuración de deuda. Pero tres empresas de auditoría renunciaron, en disconformidad con la injerencia de Muszak en el proceso.

A fin de 2023, Muszak abandonó su domicilio de Nordelta, preocupado por posibles escraches, y se mudó al 4400 de avenida Libertador, en la ciudad de Buenos Aires. Los damnificados por su accionar comenzaron a esperarlo e interceptarlo, teléfono en mano, durante sus salidas matutinas de running alrededor de los lagos de Palermo para después subir el material a las redes sociales.

Fuente: Página 12 / Editor EM